La maniobra de las dictaduras de Raúl Casto y de Daniel Ortega de promover una avalancha de cubanos desesperados huyendo hacia EEUU, funcionó, dando lugar al programa “parole”.
Desbordado por miles de cubanos agolpándose en su frontera sur luego de realizar una peligrosa travesía centroamericana y ante el incremento de barcos rústicos en el Estrecho de la Florida, Washington aprobó a comienzos de enero un cambio en su política de recepción para exigir a los migrantes cubanos un permiso o “parole” gestionado on line antes de llegar a EE.UU.y con la exigencia de contar allí con el respaldo de un conocido o un familiar que los patrocine.
Cien mil cubanos podrán llegar legalmente a EE.UU.
El programa pretende ser un disuasivo ante la migración por la arriesgada ruta a través de México –plagada de traficantes de personas— que también ayude a ordenar el flujo hacia el norte, aunque esto se lograría en la medida en que la situación de la economía en la isla mejore.
El cambio migratorio de la Administración Biden, que con un “parole” humanitario permite ahora que no ya 20.000 cubanos como hasta ahora, sino probablemente hasta 100.000 puedan emigrar legalmente cada año desde el infierno castrista a EEUU. Es una magnífica noticia para cientos de miles de cubanos deseosos de vivir en libertad para progresar en la vida.
Beneficios del programa parole para la dictadura cubana
Hasta la implementación de la nueva regulación el 5 de enero, los cubanos que llegaban a la frontera norte de México obtenían permisos que les permitían el ingreso a territorio estadounidense y su situación solía terminar un año después con el acceso a beneficios como refugiados al amparo de la Ley de Ajuste Cubano, una norma de los años 60 de fuerte connotación política.
Con la nueva política que dio a conocer la administración Biden, se aceptarán 30.000 migrantes mensualmente de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití mediante un procedimiento de “parole” iniciado on line por un patrocinador en Estados Unidos –un amigo o un familiar— para el migrante. Estarán autorizados para trabajar por el término de dos años, mientras esperan a completar la residencia legal permanente.
Sin embargo, quienes se arriesguen a llegar a las fronteras sin el permiso –ya sea por tierra o por mar- se enfrentan a ser deportados de manera expedita y a no poder ingresar en territorio norteamericano durante cinco años.
Pero este parole supone para la dictadura una nueva válvula para aliviar la enorme presión política y social en la Isla. Y son menos bocas que alimentar, menos anticastristas en las calles, más dólares a recibir del «imperio». Todo eso insufla oxígeno y prolonga la permanencia en el poder de la mafia que lo usurpa.
Por otra parte, este programa deja fuera del juego a los cubanos más pobres, sin familiares en EEUU, en su mayoría afrodescendientes. Muchos de ellos continuarán jugándose la vida en el estrecho de Florida o a través de Centroamérica y México, pues los «coyotes» (traficantes) les aseguran que no serán devueltos, y solo horas después son enviados de regreso a México, y muchos terminan en Cuba otra vez.
Un Mariel multiplicado por diez.
Según estadísticas de las autoridades fronterizas de Estados Unidos, en el año fiscal 2021-2022 –que comenzó en octubre del 2021 y finalizó en septiembre 2022— los oficiales detuvieron en el límite fronterizo con México una cifra récord de 224.000 encuentros con migrantes cubanos. Una persona podía intentar pasar varias veces, pero en la realidad pocos cubanos eran rechazados.. En octubre de 2022 fueron 29.878; en noviembre, 35.881 y en diciembre, 44. 064.
La Guardia Costera interceptó, además, a 6.182 cubanos tratando de llegar por mar en el mismo año fiscal de referencia, a los que se sumaron 4.795 en los últimos tres meses.
Esa intensidad migratoria hasta ahora nunca registrada, se produce en el contexto de una seria crisis económica en la isla, ocasionada por una mezcla dramática entre la paralización económica de la pandemia —y su lenta recuperación—, las ineficiencias de una reforma financiera local y el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos que, según las autoridades, buscan asfixiar a isla para presionar al gobierno a un cambio de modelo político.
Estamos ante un fenómeno contradictorio, paradójico, tan indignante como triste. Con la economía enrumbada hacia el colapso a golpes de totalitarismo, Raúl «El Cruel» se niega a restablecer la gallina de los huevos de oro que mueve la economía y al mundo: la libre empresa, el capitalismo. Y, de hecho, obliga a emigrar.
No hay que ser muy suspicaz para sospechar que La Habana y el Gobierno de Joe Biden conversaron antes de anunciarse esta extensión a cubanos, nicaragüenses y haitianos del programa de parole humanitario a venezolanos de 24.000 visas anuales (para vivir dos años en EEUU), y aumentarlo a 30.000 visas esta vez para los cuatro países, 360.000 visas al año, siempre que consigan un patrocinador que se responsabilice con el patrocinado. Claro, una vez más los «gusanos» que se fueron lo financiarán todo.
Una vez más, el chantaje castrista a Washington funcionó
La maniobra de las dictaduras de Raúl Castro y de Daniel Ortega de promover una avalancha de cubanos desesperados huyendo del mismísimo Diablo hacia EEUU, funcionó.
Y ambas tiranías se lucraron con la jugada, a costa de la diáspora cubana. Un pasaje en avión de ida y vuelta (obligado aunque no hubiese viaje de regreso) de La Habana a Managua costaba entre 3.200 y 4.260 dólares, para un vuelo de 1.289 kilómetros. En tanto, el costo de un pasaje de ida y vuelta de La Habana a San José (Costa Rica) oscila entre 271 y 652 dólares, para un vuelo de 1.477 kilómetros.
Es decir, para «visitar los volcanes de Nicaragua», el idiota pretexto de ambos regímenes para justificar los vuelos de cubanos sin visa, cada pasajero pagaba hasta 3.30 dólares por cada kilómetro volado, mientras que para ir más lejos, a Costa Rica, se pagan solo 44 centavos.
Vale destacar que las estampidas de emigrantes ilegales desde Cuba hacia EEUU para arrancar concesiones a Washington han ocurrido bajo administraciones demócratas. La primera, de 5.083 cubanos, se produjo desde Boca de Camarioca (Matanzas) en 1965, durante el Gobierno de Lyndon Johnson. La segunda (125.000 cubanos) fue la del Mariel en 1980, con Jimmy Carter; la de los balseros en 1994, con Bill Clinton; y ahora con Joe Biden. Y en política las casualidades no existen.
Acuerdo encubierto entre Cuba y EE.UU.
Durante el reciente «diálogo sobre aplicación de la ley» en La Habana entre los gobiernos de Cuba y EEUU, el 18 de enero último, los senadores Marco Rubio y Rick Scott pidieron a la Administración Biden que no hiciese «concesiones al régimen cubano».
Pero ya estaban hechas. En ese diálogo participaron altos oficiales del Ministerio del Interior (MININT), que tiene en el presidio político más de 1.000 prisioneros, a los que una vez más el régimen castrista quiere utilizar como fichas de cambio. O bien para extraerle presión a la caldera político-social del país, o para lograr otros beneficios.
Hace 20 años, cuando la «Primavera Negra», fueron condenados a penas inauditas de más de 20 años de prisión 75 opositores, periodistas y defensores de derechos humanos. La Iglesia Católica, liderada entonces por el papa polaco anticomunista Juan Pablo II, en 2010 intervino.
Con condenas altas suben el valor de su ficha de cambio
Con el cardenal cubano Jaime Ortega como mediador in situ se logró la liberación de los prisioneros, muchos de los cuales emigraron a España presionados por el régimen. El castrismo mejoró entonces su imagen internacional por la «benevolencia» de liberar a 75 enemigos de la «revolución».
En enero de 2015, en plena negociación top secret de Barack Obama con Raúl Castro para restablecer relaciones diplomáticas bilaterales, como gesto de «buena voluntad» la dictadura liberó a 53 presos políticos. En 2014, el estadounidense Alan Gross, preso durante cinco años en la Isla solo por intentar establecer servicio legal de internet, fue utilizado para que Obama enviara de regreso a Cuba a cinco espías castristas presos en EE.UU.
Nadie debe sorprenderse si la propia cúpula castrista facilita que prisioneros políticos busquen patrocinadores y emigren hacia EE.UU. Así se quita presión política de encima y crece la cantidad de cubanos que envía dólares a Cuba, o los llevan personalmente como visitantes sui generis.
Y son visitantes singulares porque, pese a ser cubanos y muchos a la vez ciudadanos de EE.UU., viajan a su país natal con una visa (permiso) acuñada en un pasaporte emitido por la misma dictadura que, de hecho, los expulsó de su patria.
Esos dólares llevados en el bolsillo al final nutren cuentas extranjeras de los vividores en el poder. Muy poco, o nada, alivian el sufrimiento de las familias cubanas que no reciben dólares, más de la mitad de los 11,2 millones de cubanos.
Sin duda, con las actuales sentencias absurdas de prisión tan elevadas contra los manifestantes del 11J, el régimen aumenta el valor de su ficha de trueque para su quid pro quo (dar algo por algo).
El plan ha sido cuestionado por políticos republicanos en Estados Unidos.
El uso generalizado en la administración de Biden de la política migratoria “parole” en casos humanitarios ha sido criticado enérgicamente por defensores de políticas de inmigración más restrictivas, entre ellos, Stephen Miller, un exconsejero superior del presidente Donald Trump. Texas y otros 19 estados controlados por los republicanos han recurrido para suspender la aplicación de la política argumentando que equivale a una amnistía para 360.000 personas al año. La mayoría de los de tendencia de izquierda saludan la nueva política migratoria, pero advierten de que no debe convertirse en un reemplazo del asilo.
“El programa que anunció la administración Biden ayudará en cierta medida a que la migración cubana sea más segura, ordenada y legal”, explicó William LeoGrande, un politólogo experto en Cuba de la American University, en Washington. “Pero la cantidad de cubanos que están tratando de venir a Estados Unidos en este momento es tan enorme que el programa de ‘parole’ no es lo suficientemente grande para satisfacer la demanda”.
Para el académico, además, medidas como la reactivación de la reunificación familiar o la autorización de envío de remesas, retomadas el año pasado por Biden junto con una mejora en los ingresos de Cuba por turismo y un alivio en la situación económica general de la isla, podrían contener el dramático flujo hacia el norte.
