El Tribunal Supremo de Cuba (TSC) dio a conocer el miércoles los fallos de seis juicios celebrados contra 129 cubanos participantes en dos grandes manifestaciones de protesta contra el Gobierno realizadas el 11 y 12 de julio pasados en La Habana.
Penas de prisión desorbitadas.
Las acusaciones fueron por hurto y sedición, y las penas impuestas por los tribunales muy elevadas. 31 personas fueron condenadas a privación de libertad de entre 20 y 30 años. 25 a condenas de entre 15 y 19 años de cárcel y 48 personas más a penas de entre 10 y 14 años de prisión.
Solo uno de los acusados fue absuelto, y otro recibió una pena de cuatro años “de trabajo correccional sin internamiento”. Varias ONG y numerosos académicos en las redes sociales han criticado el fallo de los tribunales por considerar las “sanciones desmedidas” y con un “evidente objetivo ejemplarizante”, para desestimular posibles futuras protestas.
55 menores de edad condenados a prisión.
Aunque diversas fuentes y familiares de los encausados habían informado antes de que numerosas personas ya habían sido condenadas en diversas localidades del país a elevadas sanciones por las inéditas protestas que sacudieron el país el 11 y 12 de julio, es la primera vez que las autoridades ofrecen datos oficiales de las sentencias de estos macroprocesos.
Según la Fiscalía General de Cuba, en el país han sido procesadas por las protestas de julio a 790 personas, de las que 55 tienen 16 y 17 años de edad.
Los juicios contra las 129 personas se realizaron entre el 14 de diciembre y el 3 de febrero. En ellos fueron acusados los participantes en las manifestaciones ocurridas en dos barriadas de La Habana, la esquina de Toyo, en el municipio de Diez de Octubre, y en el reparto obrero de La Güinera. Donde se produjo un muerto por disparos de la policía.
Lo sucedido en Toyo y La Güinera durante el 11 de julio tuvo amplia repercusión y conmovió al país, pues a diferencia de lo ocurrido en otras ciudades y pueblos, donde las manifestaciones fueron mayoritariamente pacíficas, aquí derivaron en una verdadera batalla campal, con patrullas de la policía volcadas y duros enfrentamientos entre agentes del orden y efectivos antidisturbios contra los manifestantes, algo que nunca antes había ocurrido en Cuba.
Sin garantías procesales.
Las autoridades habían asegurado que se “respetarán todas las garantías procesales” pese a ser procedimientos sumarios, que hacen muy compleja la defensa, pues entre la detención y la condena pasan solo unos días.
Además, anunciaron que los juicios a los implicados en hechos violentos y saqueos de tiendas se demorarían más, y a sus culpables se les impondrían las penas más severas, que según el Código Penal podrían ser de hasta 20 años de cárcel. Nada de eso se ha cumplido.
Lo que está sucediendo ha abierto un debate en las redes sociales —poco a poco internet en los móviles se ha ido restableciendo—, y desde Facebook el reputado actor Luis Alberto García ponía el dedo en la llaga.
“Sepan que cada cubana o cubano que condenen a pasar tiempo en prisión, sin que haya cometido hechos vandálicos y solamente haya manifestado pública y pacíficamente sus insatisfacciones y creencias, será de por vida su enemigo acérrimo. Y con ellas y ellos, sus padres, hijos, hermanos, abuelos, tíos, primos, amigos y hasta conocidos”.
El actor exhortó a las autoridades a revisar “esos juicios que se están haciendo a la carrera. Y las condenas que en ellos están sentenciando. Ni rejas ni más hiel necesita Cuba”.
