En el día de hoy, 15/11/2023, España pasa de ser una democracia a una dictadura.

Pedro Sánchez, el dirigente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) será investido como nuevo presidente de España tras haber cedido a las peticiones de los partidos radicales de extrema izquierda y los independentistas catalanes.

Tras perder las elecciones municipales y las generales, el socialista ha realizado pactos con el fugado de la justicia española Carles Puigdemont, a fin de obtener los siete votos que le faltaban para ser investido presidente a cambio de la amnistía para todas las personas implicadas en el intento de golpe de estado perpetrado por los independentistas catalanes desde el 6 de septiembre hasta el 27 de octubre de 2017

¿Quién es Carles Puigdemont?

Durante su mandato como presidente de Cataluña impulsó la celebración ilegal del referéndum de independencia de Cataluña el 1 de octubre de 2017 y se efectuó una declaración unilateral de independencia del territorio el día 27 del mismo mes. Así, fue cesado en el cargo el 28 de octubre de 2017, al amparo de la Orden PRA/1034/2017, de 27 de octubre, en aplicación del artículo 155 de la Constitución española de 1978. Fue puesto entonces en busca y captura en territorio español acusado de delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos por actos que se le imputan en la organización del referéndum y la declaración unilateral de independencia.

Este fugado de la justicia española es el que tiene en su mano los siete votos que le faltan al socialista Pedro Sánchez para convertirlo en el nuevo presidente de España y sus exigencias son el indulto para todos los que intervinieron en el fallido golpe de estado y un referéndum para la independencia de Cataluña entre otras cuestiones de índole económica como el perdón de 15 mil millones de euros que Cataluña debe al estado español.

España se convierte en una dictadura y 150 exdiputados de todos los partidos redactan un Manifiesto demoledor contra Sánchez.

Casi 20 exministros y más de 150 exparlamentarios han firmado un manifiesto contra la amnistía y los pactos de investidura del PSOE con los independentistas para asegurar la investidura de Pedro Sánchez. Tras asegurar que la democracia constitucional «se encuentra ante serios desafíos y peligros», exhortan a una «firme y serena defensa» de la Constitución, del Estado de derecho, de la división de poderes o de la independencia judicial, que ven «en riesgo».

Entre los firmantes figuran 18 ministros de distintos gobiernos de la democracia. También suscriben el texto dos expresidentes del Congreso, y dos expresidentes del Senado, nnumerosos exministros se han sumado al texto.

Los firmantes arrancan el manifiesto asegurando:

«En esta grave hora que vive nuestra nación, el juramento o promesa de lealtad a la Constitución que hicimos nos impele, sintiéndolo como deber moral, manifestar nuestra honda preocupación y gran consternación por el contenido de los pactos de investidura y la presentación de una ley de amnistía, que suponen una fractura de principios básicos del Estado Derecho que los españoles establecimos en la Constitución como pilares de nuestra convivencia».

En primer lugar, aluden a «la flagrante e inaceptable violación del principio constitucional de igualdad de todos los españoles ante la ley», al pretender «la impunidad de graves delitos cometidos, lo que supone una derogación singular del Código Penal para los beneficiarios de la misma».

También denuncian «la quiebra del principio de separación de poderes y de la independencia judicial, mediante el espurio concepto de lawfare, con la pretensión de que el Parlamento investigue la actuación de los jueces y los tenga bajo sospecha».

Además, se quejan del «grave menoscabo de la posición y funciones de las Cortes Generales» al establecer que los acuerdos «responderán a las demandas mayoritarias» de los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de Cataluña y el País Vasco, lo que supone, a su juicio, «una mutación constitucional de hondo calado».

Los firmantes advierten también del establecimiento de «privilegios de índole económica y financiera», de la «seria amenaza de romper con la caja única de la Seguridad Social» y de «la aceptación de un ‘relato’ sobre lo sucedido en Cataluña en los últimos quince años que, «además de falso, invierte los papeles para vilipendiar a los servidores de la ley y de la Constitución y premiar a los transgresores».

España se convierte en una dictadura y la asociación mayoritaria de jueces también clama contra la amnistía: «Es inaceptable e inasumible en una democracia plena»

Cuando la presentación de la proposición de ley de amnistía parece inminente, crece el clamor en el Poder Judicial por la aprobación de una medida que de forma mayoritaria se considera inconstitucional y oportunista. A la iniciativa de ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial para aprobar en un pleno extraordinario, que se celebrará el próximo lunes a las 19 horas, una declaración institucional contra la amnistía se suma ahora la crítica de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera, a una ley que implica un ataque frontal a la separación de poderes. «Se pretende situarnos en el principio del fin de nuestra democracia, romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de Derecho», dice la en un comunicado.

Los jueces señalan que llevan tiempo alertando del deterioro institucional y de «ataques permanentes a la independencia judicial que obvian por completo el respeto a la separación de poderes», pero esto ya es «un paso más».

Así, si bien no se pronuncian sobre el hecho de que el Gobierno en funciones esté pactando esta norma con los máximos responsables de los delitos a los que pretende amnistiar («no nos corresponde a nosotros valorar la ética y los principios de los actores políticos, ni siquiera la ausencia de los mismos», dicen), sí proclaman alto y claro que «una norma legal que exonere a unos pocos de las responsabilidades penales, ya declaradas por los Tribunales, o por enjuiciar, sin modificaciones legales previas o sin entrar -formalmente, como parece que se pretende- en un nuevo proceso constituyente es inaceptable e inasumible en una democracia plena».

España se convierte en una dictadura y ocho vocales del Poder Judicial fuerzan un pleno para denunciar que la amnistía es la «abolición del Estado de derecho»

Una de las primeras reacciones más contundentes al anuncio de amnistía acordada entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès ha sido la de los ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que han pedido a su presidente, Vicente Guilarte, la convocatoria de un Pleno extraordinario para aprobar una declaración institucional contra la amnistía, que consideran la «abolición del Estado de derecho».

Los vocales, del sector conservador, justifican la ruptura de su «prudente» silencio en que es ahora cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado ya públicamente sobre la concesión de esta medida. Éstas son las diez frases más contundentes del comunicado:

1.      «Preocupación y desolación»

«El Consejo General del Poder Judicial expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que esa medida supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España».

2.      «Prohibición constitucional de indultos generales»

«Más allá de la discusión sobre si realmente son constitucionalmente aceptables las amnistías para soslayar la prohibición constitucional de indultos generales, lo que en ningún caso cabe aceptar es una amnistía»

3.      «Papel mojado»

Querer gobernar «exceptuando la aplicación de la ley para impedir la acción en curso de los tribunales o dejar sin efecto la que ya se hubiese producido, convirtiendo en papel mojado esas sentencias, es algo rotundamente incompatible con el principio de Estado de derecho».

4.      «No es compatible»

«No es compatible con el principio de Estado de derecho proclamado por el artículo 1 de nuestra Constitución»

5.      «Beneficio personal»

Tampoco es compatible «con el principio de responsabilidad de los poderes públicos al que se refiere su artículo 9.3, que los responsables políticos queden exentos de responder de sus delitos ante los tribunales para que un aspirante a presidente del Gobierno pueda conseguir el beneficio personal».

6.      «Convertir nuestro Estado de derecho en un objeto de mercadeo»

«Ello supone degradar y convertir nuestro Estado de derecho en objeto de mercadeo al servicio del interés personal que pretende presentarse, desde el rechazo al pluralismo político, como el interés de España».

7.      «Casta jurídicamente irresponsable»

Esto «genera una casta jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos»

8.      «Impedir la acción de los tribunales»

«Mal puede hablarse de independencia ni de seguridad jurídica cuando unas fuerzas políticas utilizan las leyes en su beneficio para impedir la acción de los tribunales».

9.      «Convierte la justicia en una quimera»

La enormidad de las consecuencias de lo que se ha anunciado por el presidente del Gobierno en funciones es que convierte la independencia de los tribunales y la seguridad jurídica, la justicia, en suma, en una quimera».

10. «Los compromisos asumidos por España»

No sólo se violenta la Constitución, «sino también los compromisos asumidos por España en los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea para que en todo momento prevalezcan los principios de Estado de derecho e independencia judicial».

Qué es la amnistía y por qué ha paralizado la política convirtiendo a España en una dictadura

La amnistía, que está cerca de entrar en el Congreso vía proposición de ley llega, como un terremoto en el mundo judicial que moverá los cimientos de decenas de causas enfrentándose a una medida de gracia sin precedentes en la democracia moderna de España. Una vez la norma se haya aprobado en las Cortes se abrirán distintos escenarios en los tribunales.

¿Qué es una amnistía?

Se trata de una medida de gracia que se concede por parte del Congreso. A diferencia del indulto que se otorga por el Gobierno, la amnistía debe aprobarse por mayoría de la Cámara y tiene consecuencias distintas. Mientras que el indulto perdona la pena, es decir, la cárcel, por ejemplo, la amnistía lo que hace es borrar directamente todo el procedimiento judicial. Los amnistiados no tendrán pena alguna y además no figurará que hayan cometido delito porque se borran los antecedentes penales.

¿Por qué hay debate sobre si es o no constitucional y España se convertiría en una dictadura?

La Constitución aprobada en 1978 no contempla la figura de la amnistía. Ni siquiera la nombra en su texto. Por eso, los tribunales deben interpretar si quienes la redactaron lo hicieron pensando en que era posible o en que no. En los debates de estas semanas atrás diversos juristas se han mostrado en contra de que la amnistía quepa en la Carta Magna porque dicen si no permite lo mayor (indultos generales) no puede permitir lo menor. Otros, en cambio, creen que el hecho de que no diga nada es sintomático y que si el constituyente hubiera querido prohibirla lo habría dejado por escrito. La interpretación final correrá a cargo del Tribunal Constitucional.

¿Para qué quieren los miembros del procés una amnistía si ya tienen el indulto?

El Gobierno indultó a nueve líderes del procés en 2021 que habían sido condenados por el Tribunal Supremo por delitos de sedición y malversación en la preparación del referéndum de independencia. El alto tribunal había impuesto una condena de cárcel y otra de inhabilitación, pero el Ejecutivo sólo perdonó una parte, la de la cárcel. Por eso, ni el líder de ERC Oriol Junqueras ni el resto de los políticos puede presentarse a unas elecciones hasta que termine la condena.

A su vez, el expresidente Carles Puigdemont y tres consejeros se fugaron a Bélgica dejando de someterse al juicio del Supremo. Desde entonces tienen un procedimiento judicial pendiente en España. Con una amnistía todo esto terminaría, todo quedaría perdonado.

¿La amnistía se puede recurrir para que España deje de ser una dictadura del Partido Socialista?

Cualquier ley puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional. Lo pueden hacer tanto grupos políticos con más de 50 diputados como particulares. Pero, además en este caso, los propios tribunales que tengan que aplicar la amnistía pueden presentar una cuestión de inconstitucionalidad si tienen duda de que lo que van a dictar no encaja en la Constitución. Igualmente, y de forma paralela (no tiene por qué ir un recurso después de otro) los jueces pueden recurrir a la justicia europea (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) para saber si la ley entra dentro del marco comunitario.

¿Si se recurre la amnistía se paraliza y España dejaría de ser una dictadura para volver a la democracia?

En ningún caso se pararía la ley como tal. Cualquier norma que se aprueba en las Cámaras tienen presunción de constitucionalidad así que debe aplicarse directamente por los tribunales. Los recursos que presentaran el PP o los partidos de la oposición a título particular, así como cualquier tercero, tampoco podrían paralizar ningún trámite.

Lo único que podría frenar únicamente la aplicación de la amnistía en procedimientos concretos sería una cuestión de inconstitucionalidad presentada por los propios tribunales. «El planteamiento de la cuestión de constitucionalidad originará la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión. Producida esta, el proceso judicial permanecerá suspendido hasta que el Tribunal Constitucional resuelva definitivamente sobre la cuestión», dice la Ley Orgánica del tribunal de garantías. Esto quiere decir que si, por ejemplo, la Sala de lo Penal del alto tribunal plantea una cuestión de este tipo en el proceso contra Puigdemont la amnistía no se aplicaría hasta que el órgano garante de la Carta Magna se pronunciara.

¿Podrá volver a España Puigdemont?

Tanto Puigdemont, como los exconsejeros Lluis Puig, Toni Comín y la exsecretaria general de ERC Marta Rovira están en la misma situación. Fugados y sin haberse sometido a la Justicia española. Por eso, tienen órdenes de detención nacional de manera que si pisaran España serían detenidos. Con la amnistía en marcha el escenario cambia y, según las fuentes jurídicas consultadas, incluso aunque los tribunales no la aplicaran porque plantearan la cuestión de inconstitucionalidad y el asunto se paralizara ellos podrían volver. El procedimiento quedaría en pausa totalmente tanto la medida de gracia como cualquier orden de arresto contra ellos.

¿Qué delitos incluirá la amnistía?

Los pormenores del texto no se conocen todavía, pero las fuentes consultadas expresan que la amnistía no perdona delitos como tal sino hechos. En cualquier caso y según lo que se ha desprendido de las declaraciones de ERC el marco del perdón puede alcanzar desde los condenados por malversación y otros asuntos hasta los que están procesados por terrorismo en la Audiencia Nacional entre los que se incluyen los CDR y (a la espera del procesamiento) los miembros de Tsunami Democràtic.

¿Por qué ha paralizado la política de España esta negociación tachándola de dictadura?

Aunque el PSOE siempre se había mostrado contrario a conceder una medida de gracia de estas características (calificándola incluso de inconstitucional), las últimas elecciones generales han hecho que asociarse con Junts sea imprescindible. Y el partido que dirige Puigdemont desde el exilio ha puesto como condición sine qua non la amnistía –a todo el proceso independentistas desde 2014 cuando el que tenía la batuta era Artur Mas– para investir a Pedro Sánchez presidente. Empaquetar una ley de estas características no es trabajo sencillo porque no hay precedentes con la actual Constitución así que parte de las negociaciones estas semanas se han basado precisamente en peinar todos los flecos de la medida de gracia.

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Las concesiones a los independentistas catalanes arrastran las exigencias de otras comunidades autónomas que solicitan el mismo trato para ellas. Si se produce el referéndum por la independencia de Cataluña caerán en cascada el resto de las Comunidades Autónomas y España desaparecerá como nación.

Por otra parte, los políticos podrán sancionar a los jueces y serán exentos de sus actividades ilegales.

La dictadura será, en un plazo breve, el futuro de España si los partidos de democráticos no consiguen remediarlo.