Criticar al gobierno es ciberterrorismo según el Decreto ley 35.
El gobierno cubano trata otra vez de controlar internet.
Poco más de un mes después de las masivas protestas que sacudieron el país -y que se convocaron a través de redes sociales-, las autoridades de la isla publicaron el martes una serie de regulaciones que tipifican por primera vez lo que consideran delitos cibernéticos que pueden estar sujetos a una acción penal.
Pero van un paso más allá: consideran como «incidentes de ciberseguridad» desde ataques de virus y «fallos eléctricos» hasta la posibilidad de usar las redes para convocar a una marcha, criticar al gobierno o pedir o incitar a un cambio de sistema.
Los medios oficiales la han llamado «la normativa de más alto rango aprobada en Cuba sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones » y aseguran que buscan ofrecer lo que definen como «una internet ética y buena para la población».
En las redes sociales los cubanos, por su parte, lo han llamado una nueva «ley mordaza», que creen que busca limitar la expresión y coartar su discurso.
Expertos en regulación de internet y organizaciones de derechos humanos han levantado también sus voces ante lo que consideran medidas tendentes a eliminar el debate público.
El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia la Ley 35.
«Es grave por lo que dice y por el momento en el que se publica, a un mes de las protestas, cuando la comunidad internacional esperaba un paso más hacia escuchar a su población y no hacia reprimir más el discurso«, asegura Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
«De un lado no se reconocen derechos humanos en los ciudadanos, no se les reconoce la libertad de expresión. Y del otro, lo que los ciudadanos pueden o no publicar en internet se ve desde un enfoque criminal y de guerra», agrega.
Las nuevas regulaciones fueron publicadas en un momento en el que los cubanos han utilizado las redes sociales no solo para denunciar los numerosos detenidos que aún quedan de la protesta del 11 de julio, sino también las dantescas condiciones que sufren con el colapso del sistema de salud.
La isla vive el peor momento de la pandemia de coronavirus, con miles de casos y decenas de muertos cada día, hospitales que no dan abasto, fosas comunes, carencia de medicamentos, oxígeno, insumos y personal, lo que ha sido reflejado sistemáticamente a través de internet en un discurso ciudadano paralelo al relato de los medios oficiales.
Las nuevas regulaciones contemplan la pornografía infantil como un delito menor.
Numerosos países del mundo han aprobado -o se han propuesto hacerlo- regulaciones para controlar la difusión de ciertos mensajes en internet, principalmente discurso de odio, difamación, incitaciones a la violencia o al «terrorismo».
Según las autoridades cubanas, esos son también algunos de los objetivos de las normas que acaban de anunciar.
«Nuestro Decreto Ley 35 (uno de los aprobados) va contra la desinformación y la cibermentira», escribió en Twitter el presidente Miguel Díaz-Canel.
El viceministro de Comunicaciones Ernesto Rodríguez Hernández dijo, por su parte, que las nuevas normas «promueven el impulso de la informatización de la sociedad, al tiempo que defiende los derechos de los ciudadanos refrendados en la Constitución: la igualdad, privacidad y el secreto de las comunicaciones».
Las nuevas regulaciones en Cuba parecen tener una matriz ideológica (el texto de uno de los decretos aclara que busca «defender los logros alcanzados por el Estado Socialista») y que están orientadas a contener cualquier crítica al sistema.
Se contemplan 17 delitos cibernéticos.
Y es que el nuevo Decreto ley 35 establece 17 delitos o «incidentes de ciberseguridad», con «niveles de peligrosidad» que van de «medio» a «muy alto» y en muchas ocasiones es el contenido político el que determina la peligrosidad.
Para que se tenga una idea, a diferencia de la mayoría de las regulaciones internacionales de internet, la cubana no menciona ni parece buscar combatir la pornografía infantil, un delito que ha estado detrás de leyes para el control de contenidos en todo el mundo.
La regulación cubana solo menciona la pornografía como «difusión y distribución» de «material pornográfico», y la considera de un «nivel de peligrosidad» «medio».
Sin embargo, el Decreto ley 35 considera de una peligrosidad «muy alta» la «subversión social», a la que define como «pretender alterar el orden público y promover la indisciplina social», el ciberterrorismo, entendido como acciones para «subvertir el orden constitucional» o «la ciberguerra», a la que llama «métodos de guerra no convencional», lo que sea que eso signifique.
También considera altamente peligroso la «divulgación de noticias falsas», los «mensajes ofensivos» y la «difamación con impacto en el prestigio del país», sin especificar tampoco en qué consiste cada una de ellas, aunque encabezan la lista de delitos.
En ese sentido, otro viceministro de Comunicaciones, Wilfredo González, dijo a la agencia AFP que la norma buscaba que «nadie sea capaz de distorsionar la verdad, para que nadie pueda denigrar a un oficial de nuestro país o de nuestro proceso revolucionario«.
Por ello, muchos cubanos han sobreentendido que uno de los objetivos de las autoridades es penalizar a los que se burlen en redes de sus dirigentes, en especial del presidente “singao”.
Un viejo método de represión convertido en decreto ley.
Por años, Cuba fue uno de los países de América Latina con peor conexión a internet, solo superado por Haití.
Sin embargo, a partir de 2018, el gobierno, entonces bajo el mando de Raúl Castro, comenzó a extender progresivamente los servicios y, según los últimos datos oficiales, más de 5 millones de cubanos (en un país con una población de 11 millones) se conectan actualmente a la red, principalmente a través de datos móviles.
Pero existe una contradicción entre la ampliación de la conectividad y la libertad en el acceso a los contenidos en Cuba.
Sin embargo, en términos de control de contenidos las cosas no han cambiado. En los últimos años se ha aprobado una serie de decretos especiales, uno reformando al anterior, estableciendo un entramado para buscar el control de contenidos y restringir la libertad de expresión como es el caso de este Decreto Ley 35.
Laritza Diversent, directora de la consultora legal independiente Cubalex, especializada en temas de derechos humanos en la isla, opina que en gran medida esto se debe a que las redes se han convertido en el único espacio con el que cuentan los cubanos para canalizar sus quejas y su incomodidad, algo que se ha hecho evidente con la actual crisis con el coronavirus.
La isla cuenta con un único proveedor de internet, ETECSA, que durante años, ha limitado el acceso de los cubanos a determinados sitios web (desde medios de comunicación hasta sitios de venta), lo cual ha extendido el uso de VPNs.
Después de las protestas del 11 de julio, sitios de monitoreo de tráfico digital, como Netblock, han detectado que el proveedor estatal cubano ha limitado de forma intermitente el acceso de los cubanos a la red, en un aparente intento de contener las manifestaciones.
Ahora, el nuevo decreto y las regulaciones que lo acompañan autorizan legalmente a Etecsa a cortar el internet cuando el gobierno lo considere oportuno e incluso, imponer multas, decomisar tarjetas SIM o teléfonos a las personas (algo que también sucedía con anterioridad, según numerosas denuncias).
Decreto Ley 35: Una ley mordaza dirigida al máximo control de la libertad de expresión.
Las normas, a diferencia de lo que ocurre en otros países, no ofrecen salvaguardas o presentan los mecanismos para garantizar la libre expresión de los ciudadanos. Tampoco sugieren la creación de entidades o reguladores independientes que puedan velar por el respeto a los derechos de expresión: es el gobierno el único que determina qué es falso u ofensivo.
Esto en sí mismo es grave, dado que las normas internacionales promueven permitir la crítica a los dirigentes, a la ideología y el sistema político algo que las nuevas normativas cubanas están «criminalizando».
Es preocupante, por ejemplo, entender qué o quién definirá lo que se entiende como noticia falsa en un país donde la veracidad de la información no se trata de un chequeo de los hechos con base a la verdad objetiva, sino a la forma en que se refleje la voz oficial.
En ese sentido, el relator especial cree que esto puede hacer la situación no solo complicada para los usuarios de redes y activistas, sino también para periodistas independientes.
Estamos hablando de una institucionalidad donde solo se reconocen como periodistas aquellos que trabajan para medios del Estado. Estamos hablando de un sistema de medios donde la verdad solo se encuentra en la voz oficial, por lo que una crítica al gobierno por parte de la prensa independiente en internet puede ser tachada dentro de estas categorías», dice.
No está claro de momento si las normas incluirán también a usuarios que comparten la ideología del sistema en las redes sociales o a los medios oficiales.
También muchos han comparado las medidas con las que aplican otros gobiernos autoritarios, como China, y algunos incluso han escrito que las regulaciones convierten a Cuba en «la Corea del Norte del Caribe».
El efecto que buscan es el efecto ejemplarizante.
Están buscando más que nada el llamado efecto ejemplarizante: si te enteras de que a tu vecino le pusieron una multa por escribir en redes sociales, probablemente tú no lo hagas. El gobierno no tiene los recursos para seguir todo lo que publican los cubanos en las redes sociales, pero basta que lo hagan con algunos y lograrán que otros se inhiban por miedo.
En una comparecencia en la televisión estatal (única) el director de Ciberseguridad del Ministerio de Comunicaciones Pablo Domínguez Vázquez dijo que el gobierno tenía «registro de todos los incidentes en redes sociales» y amenazó que incluso se podría usar contra cubanos que viven en el extranjero.
«Cuando se logren identificar esas personas y estén en el país se les impondrán contravenciones», dijo.
Sin embargo, las redes sociales se seguirán utilizando porque se ha vuelto una válvula de escape de expresiones que han sido reprimidas por muchos años.
La sociedad civil cubana ha comenzado a mostrar que ha perdido el miedo y que las nuevas formas de represión de la libertad de expresión no van a ser efectivas.
En la crítica fase en la que nos encontramos, quienes quieran expresarse o ejercer el activismo lo seguirán haciendo. Algunos recurrirán al anonimato, pero otros muchos seguirán incluso mostrando su identidad.
