El Decreto-Ley 370, monopoliza la información e impide toda libertad de expresión e información en Cuba.
Cientos de reacciones contrarias generó el Decreto-Ley 370 (Sobre la informatización de la sociedad en Cuba) cuando entró en vigor el 4 de julio de 2018. No obstante, por entonces los medios se enfocaban en una disposición similar: el DL 349, el que regulaba ‒o intentaba regular‒ el arte en la Isla. El enfrentamiento al 349 obligó al régimen a engavetarlo y poco, o casi nada, se ha escuchado de él hasta la fecha.
El Decreto-Ley 370 motivo de repulsa en la prensa internacional.
Fue en enero del presente año cuando el Decreto-Ley (DL) No. 370 volvió a llamar la atención de medios de prensa independientes e internacionales. El 8 de enero la policía política allanó la casa de la reportera de CiberCuba, Iliana Hernández; le fueron decomisados varios artículos de su propiedad por el supuesto delito de “receptación”. El 13 de enero Iliana se presentó en la estación policial de Cojímar, en La Habana, para reclamar sus pertenencias y, sin explicación alguna, le impusieron una multa por “violar” el DL 370, lo que nada tenía que ver con la acusación anterior pero que, de alguna manera, justificaba el registro a su vivienda.
Desde entonces y hasta la fecha de publicación de este artículo, la lista de sancionados en virtud de este DL ha aumentado a once individuos. De ellos, seis residen en La Habana, una en Villa Clara, uno en Camagüey, uno en Santiago de Cuba, y dos en Guantánamo. Tres son periodistas independientes o reporteros; dos comunicadores y el resto son activistas de derechos humanos.
Todas las multas han ascendido a la suma de 3 mil pesos CUP (equivalentes a 120 CUC o USD) que, entre los once, sumarían 33 mil pesos (1320 dólares). De igual modo, a seis de las once personas incluso se les ha decomisado el teléfono celular. Así le sucedió a Nancy Alfaya Hernández, activista por los derechos de la mujer y segunda sancionada.
A Alfaya se le arrestó en La Habana Vieja el 31 de enero; en la estación policial de Zanja donde además se le interrogó y amenazó por la Seguridad del Estado (SE). Poco después, el 7 de febrero, se la citó por el jefe de sector de su localidad quien, bajo la supervisión del mayor Alejandro de la SE, le aplicó un seguimiento por “peligrosidad pre-delictiva”, ley que permite llevar a prisión a los ciudadanos por suponer ‒las autoridades‒ que este puede cometer un delito.
En algunos casos, las sanciones se las impusieron inspectores del Ministerio de Comunicaciones, pero a Lázara Eumelia Ayllon Reyes, integrante de la Red de Comunicadores Sociales ‒que dirige la ex prisionera política Martha Beatriz Roque Cabello‒ la medida se le aplicó por un trabajador del área de informática de la unidad policial del Wajay, en La Habana. Esto ocurrió el primero de febrero; Ayllon se ha negado a pagar la multa porque considera que se trata de una arbitrariedad. No obstante, al no hacerlo, la multa se duplica y corre el peligro de verse procesada y llevada a prisión.
Fuente: Cubanet
